Impuesto del 27% a pymes: la alerta de la CPC Biobío en medio de la contracción
Redacción 30 Minutos Más · 2026-11-19 · 4 min

En el momento más difícil del ciclo económico chileno en años, el mundo empresarial del Biobío encendió una nueva señal de alerta. En el encuentro Redes 2026, la Cámara de la Producción, el Comercio y los Servicios de Biobío advirtió que la reforma tributaria del gobierno del presidente José Antonio Kast elevó la carga impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas desde un 12,5% efectivo hasta un 27%, duplicando en la práctica el gravamen sobre sus utilidades. El diagnóstico de los empresarios es directo: en un contexto de contracción del PIB, ese salto no frena solo el crecimiento de las pymes. Frena el empleo.
El salto tributario que preocupa al mundo empresarial
Las pymes chilenas que operaban bajo el régimen tributario Pro Pyme habían accedido desde 2020 a un esquema que gravaba sus utilidades a una tasa integrada cercana al 12,5%, siempre que esas utilidades se reinvirtieran dentro de la empresa. El sistema buscaba incentivar la acumulación de capital en empresas pequeñas, que históricamente han tenido menos acceso a financiamiento externo que las grandes corporaciones.
La reforma económica impulsada por el gobierno actual modificó ese esquema. Según el diagnóstico de la CPC Biobío presentado en Redes 2026, las empresas que antes tributaban al 12,5% ahora enfrentan una carga efectiva que llega al 27% —la tasa general de primera categoría— sobre sus utilidades, independientemente de si las retiran o las dejan dentro del negocio. El cambio elimina el incentivo a la reinversión que era la lógica central del Pro Pyme original.
Para una empresa del sector comercio en Concepción con utilidades anuales de $40 millones, la diferencia es de más de $5,8 millones adicionales en impuestos cada año. En el sector de servicios, donde los márgenes son más ajustados, esa cifra puede representar la diferencia entre contratar un trabajador más o no hacerlo.
Quiénes son las pymes más afectadas
El régimen Pro Pyme aplica a empresas con ingresos anuales de hasta 75.000 UF, equivalentes a poco más de $2.500 millones al valor actual del dólar. Ese rango cubre a la inmensa mayoría del tejido empresarial chileno: ferreterías, talleres mecánicos, restaurantes, empresas de servicios, pequeños hoteles, distribuidoras, consultoras y una larga lista de rubros que sostienen el empleo en las ciudades medianas y pequeñas del país.
En el Biobío, región históricamente marcada por la industria forestal, la pesca artesanal y el comercio local, las pymes tienen un peso especialmente alto en el empleo formal. La CPC advierte que si esas empresas no pueden reinvertir utilidades, la inversión productiva regional cae, y con ella la capacidad de crear empleos nuevos o de sostener los actuales cuando el ciclo baja.
El contexto macro hace el diagnóstico más urgente. El PIB chileno cayó 1,1% en el tercer trimestre de 2026, con la inversión retrocediendo un 6,7%. Agregar presión tributaria sobre las empresas que más empleo generan en ese momento amplifica la contracción en lugar de compensarla.
La reforma en contexto: qué dijo el gobierno
El gobierno argumentó al momento de impulsar la reforma que la brecha de tributación entre grandes empresas y pymes era difícil de justificar desde el punto de vista de la equidad del sistema. Las grandes empresas pagan 27%; las pymes, en la práctica, mucho menos. La reforma busca, según Hacienda, un sistema más homogéneo.
Los críticos del cambio, entre los que se encuentran gremios empresariales de distintas regiones del país, responden que la homogeneidad no puede ignorar la diferencia de tamaño y capacidad: una pyme no tiene acceso a los mismos instrumentos de financiamiento, economías de escala ni poder de negociación que una gran empresa, por lo que equipararlas tributariamente produce desigualdad real, no equidad.
El debate no es nuevo. Versiones de este mismo conflicto se han repetido en cada reforma tributaria de las últimas décadas en Chile. Lo que sí es nuevo es el momento: en un ciclo de contracción, con el dólar alto y la inversión en caída, las consecuencias de la mayor carga tributaria sobre las pymes son más concretas y más rápidas que en tiempos de crecimiento.
La tensión política en el trasfondo
La advertencia de la CPC Biobío llega en una semana políticamente intensa. El martes 18 de noviembre, miles de personas marcharon por la Alameda convocadas por la CUT, la Confech y el movimiento feminista bajo el lema "Ni un peso menos", exigiendo que el presupuesto 2027 no recorte el gasto social. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, sintetizó la postura de los trabajadores: "Estamos peleando contra un presupuesto que va a la baja".
La paradoja es que tanto los empresarios como los trabajadores se quejan del mismo contexto, pero desde ángulos opuestos: unos piden menos impuestos para poder invertir y contratar; otros piden más gasto público para sostener los servicios que los trabajadores necesitan. En el medio, el gobierno trata de equilibrar un presupuesto con ingresos fiscales reducidos por la caída del cobre y la contracción económica.
Esa tensión no tiene resolución simple antes de que termine noviembre, fecha límite para aprobar el presupuesto en el Congreso. Lo que sí queda claro es que las pymes del Biobío —y del resto del país— van a seguir navegando un entorno adverso en el que el margen de error se reduce.